Alerta del riesgo en España del posible retroceso de los derechos en salud sexual y reproductiva
22/09/26
El manifiesto del Día Mundial de la Anticoncepción recuerda que avalan la libertad, dignidad, igualdad y autonomía de las personas para decidir
Ampliación del acceso a la educación afectivo-sexual, planificación familiar, atención sanitaria especializada y regulación de la IVE, entre los logros alcanzados
El manifiesto se fundamenta en que los Derechos Sexuales y Reproductivos constituyen una parte esencial de los Derechos Humanos. “Son expresión de la libertad, la dignidad, la igualdad y la autonomía de todas las personas para decidir sobre su propio cuerpo, su salud y su proyecto de vida, sin discriminación, violencia ni coacción”.
España ha experimentado un progreso significativo en el reconocimiento de estos derechos mediante la ampliación del acceso a la educación afectivo-sexual, la planificación familiar, la atención sanitaria especializada y la regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los supuestos y plazos establecidos por la ley. Sin embargo, ningún avance es irreversible.
Igualdad y autonomía personal, en peligro
La FEC avisa de que la experiencia internacional demuestra que los derechos pueden verse limitados cuando cambian las mayorías políticas, se debilitan las instituciones o se cuestionan principios fundamentales de igualdad y autonomía personal. Y destaca la alarma porque un posible retroceso “supondría un impacto directo sobre la Salud Pública y los derechos fundamentales de miles de personas, afectando especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad por razones económicas, sociales, geográficas, de discapacidad o de edad”.
Limitar el acceso a servicios sanitarios, restringir la información basada en la evidencia científica o dificultar el ejercicio de derechos reconocidos incrementaría las desigualdades y comprometería la protección efectiva de la ciudadanía.
La Salud Sexual y Reproductiva es mucho más que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Comprende el derecho a recibir información veraz y científica, a acceder a métodos anticonceptivos eficaces, a una atención sanitaria de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, a la prevención y tratamiento de las Infecciones de transmisión sexual, a la atención de la infertilidad y a vivir la sexualidad de forma libre, responsable y segura.
El riesgo de la renuncia a instrumentos de prevención
Desde el manifiesto del Día Mundial de la Anticoncepción se vuelve a propugnar la educación afectivo-sexual, herramienta esencial para prevenir embarazos no planificados, reducir la violencia sexual, fomentar relaciones basadas en el respeto y combatir la desinformación. “Debilitar estas políticas supondría renunciar a instrumentos eficaces de prevención y promoción de la salud”.
A esta preocupación se suma el incremento de los discursos de odio y de las manifestaciones de violencia y discriminación dirigidas contra las personas LGTBIQA+. Las agresiones, el acoso y la estigmatización constituyen una amenaza para la convivencia democrática y para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. “La protección de la salud sexual y reproductiva debe ir acompañada del firme compromiso con el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de género, promoviendo políticas públicas de prevención, educación e igualdad que garanticen que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y dignidad, sin temor a sufrir discriminación o violencia por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género”.
La defensa de todos estos derechos exige preservar un sistema sanitario público accesible, garantizar la formación continua de los profesionales, asegurar la igualdad territorial en el acceso a las prestaciones y promover políticas públicas fundamentadas en el conocimiento científico, el respeto a los Derechos Humanos y la protección de la salud.
Defensa y consolidación de los derechos
Las diferencias ideológicas forman parte de una sociedad democrática y deben poder expresarse con libertad y respeto. Sin embargo, el debate público ha de desarrollarse sobre la base del rigor, la evidencia y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. La convivencia democrática exige proteger los derechos fundamentales, especialmente aquellos que afectan a la autonomía personal y a la igualdad efectiva.
“Por todo ello, manifestamos nuestro compromiso con la defensa y consolidación de los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva en España. Reafirmamos la necesidad de garantizar que todas las personas puedan ejercer estos derechos en condiciones de igualdad, seguridad y libertad, sin discriminación y con pleno respeto a la legalidad vigente”.
Para la FEC y la SEC como entidades científicas y profesionales, proteger estos derechos significa fortalecer la democracia, promover la igualdad entre mujeres y hombres, mejorar la salud pública y asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan desarrollar sus proyectos vitales con libertad y dignidad. “Los derechos humanos solo mantienen su valor cuando se defienden activamente. Preservarlos constituye una responsabilidad compartida de las instituciones públicas, los profesionales, la sociedad civil y toda la ciudadanía”.
