Legislación del Aborto. Un peligroso paso atrás.

19/12/13

Artículo del Dr. D. Ezequiel Pérez Campos en el Periódico «El Mundo»

La posible derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de regulación de la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) de 2010, vigente hasta la actualidad y sin problemas notables en su aplicación, no parece responder a criterios de necesidad ni demanda social, ya que viene siendo aplicada con normalidad en nuestro país desde su entrada en vigor.

La Ley, que venía a cubrir las deficiencias y aspectos obsoletos de la anterior Ley de supuestos de 1985, recoge una serie de aspectos básicos en Salud Sexual y Reproductiva, necesarios para evitar el mayor número posible de embarazos no deseados. Entre ellos, destacan iniciativas como la implementación de la educación sexual, imprescindible para el correcto desarrollo de la faceta sexual humana y para evitar problemas asociados a la misma. Es, precisamente, la primera parte de la ley (información, educación, prevención) la que apenas se ha cumplido durante los tres años de vigencia del texto legal y la que más influye en el, hasta ahora creciente, número de embarazos (especialmente de las más jóvenes) y abortos no deseados (más de 118.000 en España en 2011, buena parte de ellos de adolescentes).

La existencia de una ley de plazos nos equipara a la mayoría de países desarrollados de nuestro entorno, dejando en manos de las mujeres la decisión sobre aspectos íntimos de las mismas, en plazos razonables, con la suficiente información de las alternativas, con respeto a su confidencialidad y con garantías jurídicas para ella y para los profesionales responsables de su asistencia.

Volver atrás en el respeto a un derecho esencial para la mujer puede convertirse, aparte de en una gran regresión en los avances sociales de los últimos años, en una cuestión de deterioro sanitario de primer orden. La nueva ley abocará a las mujeres que no puedan desplazarse a interrumpir su embarazo en otros países, a la realización de la interrupción sin garantías sanitarias y poniendo en peligro su vida o su integridad. Regresar al aborto clandestino en España a estas alturas del siglo XXI parece un auténtico contrasentido y las perjudicadas serán miles de mujeres, en su mayoría muy jóvenes.

Volvemos, de esta forma, a propiciar el engaño y la hipocresía para dar cabida a la adecuación a los supuestos legales para la IVE, creando inseguridad jurídica para las mujeres y los/las profesionales que aborden esta cuestión. La vuelta a la clandestinidad, las peores y más dolorosas consecuencias y la amenaza legal significan un peligroso paso atrás para nuestra sociedad. La nueva ley, otra vez, anulará presuntamente, según los anuncios sobre la misma, la capacidad de decisión de la mujer sobre su cuerpo y su vida al hacer desaparecer el sistema de plazos y volver tan solo a los supuestos para abortar de forma legal.

Especialmente preocupante es la restricción en el supuesto de malformaciones fetales que parece, según lo que sabemos del borrador de la Ley, va a obligar a asumir a las mujeres planteamientos en los que puede no coincidir y que incluso presuntamente restringirá incluso las condiciones establecidas hace casi 30 años, en la Ley de 1985. La restricción vulnera la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones e impone a todas criterios que corresponden tan solo a una parte de la población. No olvidemos que, en ningún caso, existe la obligación de abortar, sino el derecho a la libre decisión, el «derecho a decidir» sobre cuestiones que les afectan de forma muy directa.

Es un hecho demostrado que los países con legislaciones más permisivas respecto a la IVE y que potencian la educación sexual y la salud sexual y reproductiva, en general, presentan unas tasas de embarazo no planificado y, consecuentemente, de aborto provocado, menores que los países con legislaciones más restrictivas y que no reconocen el derecho de la mujer a decidir, dentro de unos parámetros lógicos y razonables.

No podemos menos que manifestar nuestro desacuerdo con una medida que va a llevar aparejada, además de la anulación de un derecho de las mujeres, un conjunto de problemas jurídicos y de salud de aquellas que recurran al aborto clandestino, de consecuencias poco previsibles y siempre negativas. En lugar de fijar el foco en desarrollar, de una vez y tres años después de su promulgación, en la sociedad española, la primera parte de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (formación, información, prevención, atención, etc.) la propuesta del cambio de la ley por parte del Gobierno se dirige al castigo, la penalización y el retorno al pasado. Es un retraso de décadas, un duro recorte a los derechos conquistados por la mujer y un avance hacia penosas consecuencias. Un cambio ideológico en unos momentos en los que no se aprecia alarma social alguna y que la sociedad, en líneas generales, no reclamaba cambios, sino un mejor desarrollo de una ley generalmente aceptada por la sociedad española.

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