L a Sociedad Española de Contracepción (SEC) aboga por el cumplimiento completo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada en 2023, y por el respeto a los derechos y necesidades de las mujeres.

De acuerdo con la citada ley, las Administraciones públicas deben garantizar tanto el acceso al aborto como el acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva. También han de velar por la inclusión y financiación de anticonceptivos de última generación cuya eficacia esté avalada científicamente en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Otros países de nuestro entorno, como Francia ya han dado el paso, al considerar el aborto como un derecho fundamental, que requiere especial protección. Desde la SEC creemos que su blindaje constitucional sería una medida muy positiva. Consideramos, asimismo, que la Carta Magna consagraría de este modo la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir, dificultando o evitando cualquier intento de retroceso o regresión que amenace los derechos de las mujeres y la presión o coacción a las pacientes.

Junta Directiva de la SEC