La SEGO también se suma al rechazo de las propuestas esbozadas por la Junta de Castilla y León sobre la interrupción legal del embarazo

20/01/23

“En el caso de que se confirmen las medidas que han sido anunciadas, la Comunidad de Castilla y León debería reconsiderarlas atendiendo a la opinión de los profesionales”

L a Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha remitido a los medios de comunicación y publicado en su web un comunicado sobre la posible aplicación de un nuevo procedimiento de atención médica en los casos de interrupción legal del embarazo (ILE) en la Comunidad de Castilla y León.

Las secciones de Ecografía (SESEGO) y Medicina Perinatal (SEMEPE) de la SEGO, firmantes del escrito, señalan que el derecho de la mujer a acogerse a la ley de ILE y los requerimientos al respecto están regulados legalmente. Las prestaciones a la mujer gestante en el sistema público de salud, independientemente de su decisión sobre la continuidad del embarazo, vienen recogidas en los protocolos asistenciales de carácter local, autonómico y/o nacional (que deben ser acordes a las recomendaciones de las Sociedades Científicas) y no establecen diferencias en la atención inicial, asegurando la equidad e igualdad en su asistencia, personalizándola y adaptándola posteriormente a la complejidad de cada caso.

También señala el documento que no hay recomendación alguna para la práctica rutinaria de la ecografía 3D/4D. “El uso de ultrasonidos convencionales se recomienda que sea preferiblemente de manera visual en la fase embrionaria. “En periodo fetal (de 11 a 13+6 semana) puede ser utilizado rutinariamente para ciertas indicaciones clínicas, como el cribado de trisomías y anomalías cardiacas». En definitiva, existe consenso en hacer un uso prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los potenciales efectos térmicos y/o mecánicos indeseables sobre el embrión (en caso de requerirse, seguir el principio ALARA: As Low As Reasonably Achievable)”.

El comunicado concluye señalando que: “En el caso de que se confirmen las medidas que han sido anunciadas por los medios de comunicación y de las que no tenemos constancia directa, creemos que la Comunidad de Castilla y León debería reconsiderarlas atendiendo a la opinión de los profesionales”.