L a web www.ConSalud.es, considerado como uno de los diarios digitales más influyentes en el sector sanitario, ha publicado un reportaje sobre la desigualdad que existe en España en el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. El Dr. José Ramón Serrano, autor de una ponencia sobre el tema en el último Congreso nacional de la Sociedad Española de Contracepción ha atendido al periodista Javier Leunda. En el curso de la entrevista se ha puesto de manifiesto cómo la inequidad y desigual acceso a la práctica de la IVE está más que constatada. Llama la atención la alarmante diferencia existente entre comunidades o ciudades autónomas, hasta el punto de que en algunas (Extremadura, Ceuta y Melilla) no se tiene constancia de que durante 2022 se practicara un solo aborto bien farmacológico, bien quirúrgico. Así, son numerosas las pacientes que se han visto obligadas a realizar un penoso peregrinaje entre regiones a fin de que la ley se cumpla.

Éste es el texto del reportaje de ConSalud.es:

“La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho recogido por ley en España. De esta manera, la normativa nacional, reformada en febrero de este año, recoge la posibilidad de que las mujeres puedan poner fin a su embarazo a través de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Para blindar el acceso público a esta prestación, la legislación en el ámbito recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para que los diferentes centros hospitalarios puedan garantizar los medios para la práctica de la IVE.

En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente el Registro Estatal de interrupciones Voluntarias del Embarazo, con datos relativos a 2022. Un documento que pone sobre la mesa una llamativa desigualdad entre las Comunidades Autónomas. en sus cifras de IVE durante el pasado año. Del mismo se desprende que una región, Extremadura, y 12 provincias españolas no han llevado a cabo ninguna interrupción del embarazo en sus servicios de salud pública. Algo que sí ha ocurrido en algunos casos en dependencias privadas.

“En España hay 17 Sanidades diferentes; aunque la Ley del Aborto es de obligado cumplimiento para todas las CC.AA»

En la misma línea, se encuentran Ceuta y Melilla, donde no se produjo ni un solo aborto por la vía pública. El caso de Castilla-La Mancha también es llamativo, con dos abortos en centros públicos, así como el único caso registrado en Murcia. Además, en el resto de la radiografía nacional de IVE en sanidad pública durante 2022 se destaca Cataluña (10.774),Baleares (1.872), Galicia (1.250), la Comunidad Valenciana (816), Cantabria (631), Navarra (338), Castilla y León (248), País Vasco (179), Canarias (149), Madrid (61), Asturias (59), La Rioja (27), Andalucía (14) y Aragón (12). Números que muestran la desigual radiografía sanitaria de nuestro país que, como en otros muchos campos, queda supeditado a las estrategias de aplicación del servicio de cada territorio.

Se trata de una variada realidad que no sorprende al ginecólogo y ex presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Dr. José Ramón Serrano, quien asegura a ConSalud.es que “en España hay 17 Sanidades diferentes; aunque la Ley del Aborto es de obligado cumplimiento para todas las CC.AA., a la hora de aplicarla, cada región lo hace a su manera”. Un escenario que da lugar a “inequidades” en el acceso a las IVE, puesto que si una mujer reside en una provincia donde puede hacerlo “es una privilegiada en comparación con otra que ha de desplazarse fuera de su comunidad o a muchos kilómetros de su casa”, relata.

La modificación legislativa sobre este ámbito recoge “la preferencia” de realizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero no limita a que se pueda tramitar a través de la privada. “Lo que sí estipula es el derecho al aborto libre por decisión materna en tiempo inferior a la semana 14, así como por problemas fetales o maternos por encima de este periodo. Eso es lo que se tiene que cumplir irrefutablemente y cada autonomía lo hace como quiere”, remarca el ginecólogo. Por tanto, con mayor o menor facilidad para las mujeres de nuestro país, todas disponen de acceso al servicio.

“No es una cuestión basada en la politización. Es un asunto político sí, pero de las políticas sanitarias impulsadas por cada Consejería, independientemente del color del partido»

La legislación sobre el aborto ha sido un asunto sensible en el panorama político nacional y ha generado en los últimos tiempos algunas discrepancias entre las distintas formaciones. A pesar de lo cual, para el portavoz de SEC la inequidad entre las CC.AA. “no es una cuestión basada en la politización. Es un asunto político sí, pero de las políticas sanitarias impulsadas por cada Consejería, independientemente del color del partido que gobierne en ellas”, aclara, pues “hay regiones de un bando y del otro con estrategias similares, así como autonomías donde el mismo partido actúa diferente en este ámbito”.

En el grupo de las CC.AA. que más han avanzado a la hora de facilitar este derecho, Serrano apunta al Mediterráneo. “Algunos Gobiernos que más se han comprometido han sido Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana. Allí es donde más abortos públicos hacen y más accesibilidad tienen”, destaca. Regiones a las que habría que sumar, por número de IVE ‘públicas’ en el Registro Estatal de 2022, al Galicia y Cantabria. En el lado inverso del mapa, el ginecólogo aclara que las regiones de pocos o ningún caso, “tienen los mismos o más abortos que las demás CC.AA., sólo que no los declaran, los derivan”.

La propia Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, recoge en su preámbulo que “resulta especialmente preocupante la diferencia territorial en el ejercicio de este derecho, ya que existen territorios en España que en los últimos años no han notificado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros de titularidad pública”. De esta manera, en palabras del portavoz de SEC, la solución pasaría por “aplicar la norma en todo su contexto de priorizar la sanidad pública y blindar la accesibilidad real de las mujeres, vivan donde vivan”.

En definitiva, la igualdad en los servicios de IVE a lo largo del país reside en el propio cumplimiento de la obligación legal de las administraciones públicas sanitarias a la hora de garantizar la prestación de este derecho de acuerdo con criterios de “gratuidad, accesibilidad y proximidad, estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del mismo en todo el territorio en condiciones de equidad”, tal y como apunta la norma. Por otro lado, territorios como Castilla y León han avanzado ya la petición de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS) aborde pormenores de esta ley como el “registro de objetores”.