La SEC remite a los ministros de Justicia y Sanidad el manifiesto y las adhesiones que reclaman y justifican la retirada de la nueva ley del aborto
11/04/14
Más de 125 sociedades científicas y profesionales de Europa y América instan la retirada del anteproyecto y la continuidad de la legislación vigente
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a Sociedad Española de Contracepción (SEC) ha remitido a los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, el manifiesto que rechaza de forma tajante el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada y pretende el mantenimiento en vigor de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El escrito, presentado a los ministerios de Sanidad y Justicia, justifica la masiva postura de la comunidad científica y profesional destacando que la actual Ley de salud sexual y reproductiva e IVE responde de manera adecuada a la realidad y necesidades de nuestro país, “está socialmente aceptada, garantiza la decisión de las mujeres sobre su maternidad, y permite el acceso al aborto en condiciones de libertad, equidad y seguridad”. Indica que la disminución de la tasa de abortos en España no se conseguirá con leyes restrictivas sino mediante el desarrollo de la educación sexual y facilitando el acceso a la anticoncepción segura y eficaz como contempla la actual normativa “Es innecesaria la modificación de la legislación actual por lo que exigimos se retire el anteproyecto de ley por inadecuado, injusto y peligroso para la salud y la vida de las mujeres”.
La comunicación enviada a los ministros de Justicia y Sanidad representa la más cualificada y amplia oposición del mundo de la ciencia y la sanidad a un anteproyecto de ley que cercena gravemente los derechos de la mujer. El citado manifiesto está respaldado por más de 125 sociedades científicas y profesionales de Europa y América. Cuenta con el apoyo específico de 59 las sociedades españolas, 42 de ámbito estatal (Federación de Planificación Familiar Estatal, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia…) y 17 regionales, que rechazan el anteproyecto del Gobierno, a las que se suman las representantes de 26 países europeos encabezadas por la European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC), fundada en 1988. A todas ellas se agregan las más representativas de Iberoamérica.
En España, las Sociedades que se ocupan de la salud de la mujer y de la salud sexual y reproductiva se han adherido al manifiesto de la SEC, lo que da una idea del rechazo que, en el ámbito sanitario más específico de atención a la mujer (aunque también en el general: ginecología, atención primaria, enfermería, diagnóstico prenatal…) produce el anteproyecto de Ley. El manifiesto, que revela el masivo apoyo de la sociedad científica y profesional insta la inmediata retirada de la ley y la permanencia de la vigencia de la socialmente aceptada a partir de 2010. Destaca la preocupación de todas ellas por lo que supone de retroceso de décadas en España en salud sexual y reproductiva y derechos de las mujeres.
En Iberoamérica el apoyo también es unánime al entenderse como un grave atentado a la salud y vida de miles de mujeres que van a estar expuestas a un aborto inseguro (es una zona donde se conocen muy bien las consecuencias de este tipo de prácticas).
El 65% seguirá abortando
La postura de la SEC se basa en el respeto a las Resoluciones Internacionales sobre derechos reproductivos y sexuales (ONU), suscritas por nuestro país y las estrategias sobre salud sexual y reproductiva de la Organización Mundial de la Salud. El manifiesto alerta de que un porcentaje importante de mujeres con un embarazo no deseado (en nuestro país los estudios lo cifran en un 65%) optarán por el aborto sean cuales sean sus circunstancias afectivas, económicas y sociales. Las leyes restrictivas no disminuyen la tasa de abortos, pero si aumentan la de abortos.
La vigente ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 ha permitido a las mujeres desarrollar, en parte, sus derechos sexuales y reproductivos al poder decidir sobre su maternidad en condiciones de libertad, igualdad y seguridad. Una ley que, además, ha sido aceptada con normalidad por la mayoría de la sociedad española.
La nueva propuesta supone la ilegalización de aproximadamente un 90% de los abortos realizados en los últimos años en España (a petición de la mujer).Esto supone que unas 100.000 mujeres al año tendrán que optar por seguir adelante con un embarazo no deseado (factor de riesgo gestacional), interrumpir la gestación fuera de España o recurrir al aborto clandestino e inseguro (no es fácil estimar el porcentaje de mujeres que usarían este recurso en España si se aprueba la nueva ley, pero podría estar en torno a 50.000 por año). Los expertos califican de enorme e innecesario sufrimiento al impedir el aborto en caso de malformaciones graves, que en España se calcula que en España suman unas 3.000 al año.
Las complicaciones físicas que se derivan de un aborto inseguro pueden ser leves o graves (40%). El 15% no reciben tratamiento (es posible que en un entorno de atención postaborto adecuado sean menores estas cifras). Entre las complicaciones destacan las hemorragias, infecciones, perforación órganos abdominales/peritonitis y shock hemorrágico y séptico. También se alude a las complicaciones crónicas como anemia y debilidad, dolor pélvico crónico/EIP (3 millones de infecciones crónicas del aparato reproductor en el mundo), dispareunia/vaginismo y esterilidad (1,7 millones en el mundo por aborto inseguro). A todo ello se agregan los problemas familiares y sociales, los costes y hasta la muerte materna (de 47.000 a 60.000 muertes en el mundo por aborto inseguro en 2008. La tasa de letalidad del aborto inseguro es muy variable (30-520/100.000 abortos inseguros), siendo la del aborto seguro de 0-0.7/100.000 procedimientos en los países desarrollados.
