La mujer y la salud sexual y reproductiva pierden derechos básicos

22/12/13

L a derogación o modificación restrictiva y sustancial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (BOE 4 de Marzo de 2010) una gran alarma en las mujeres españolas y en especial en la sociedad científica y profesional sanitaria. Incluso antes de haberse hecho público el contenido y debatido en sede parlamentaria la nueva Ley el rechazo social está siendo mayoritario, creciendo la oposición de forma exponencial, masiva y generalizada. Y es que de un plumazo se acaba con uno de los derechos más importantes por los que había trabajado y conquistado la mujer española.

Se trata, en primer lugar, de un peligroso retroceso de décadas, con imprevisibles consecuencias para centenares de miles de mujeres. El Gabinete presidido por D. Mariano Rajoy regresa, en aspectos básicos, a situaciones anteriores a 1985, año en el que se estableció la posibilidad de interrumpir un embarazo en una serie de supuestos que lo despenalizaban. A la vez se  obvia la larga lucha de numerosos colectivos de mujeres y profesionales. Lo hace, además, en unos momentos en los que el cambio se presenta como absolutamente innecesario y sin que la sociedad, y especialmente las afectadas, lo demanden. No hay ni alarma ni masiva  reclamación social que justifique una legislación tan perjudicial para los derechos de la mujer. La Ley hasta ahora vigente ni siquiera generó problemas de carácter jurídico o sanitario y mucho menos aumentó la tasa de abortos en comunidad autónoma alguna. Sólo un motivo claramente ideológico o la pretensión de satisfacer a los sectores más reaccionarios razonan la alteración del normal desarrollo del texto vigente.

La Ley de 3 de marzo de 2010 desaparecerá, si el Gobierno insiste en sacar adelante el proyecto hoy presentado, cuando aún no se ha desarrollado. Es más, los responsables de velar por la salud sexual y reproductiva únicamente centraron su reducida atención en el segundo Título o parte de lo legislado (la interrupción voluntaria del embarazo). Obviaron olímpicamente la implementación de la educación sexual, imprescindible para el correcto desarrollo de la sexualidad y para aminorar las consecuencias asociadas a la carencia de la  misma. No se ha prestado la atención debida, con programas específicos  y medios económicos, al título Primero que, bajo la rúbrica «De la salud sexual y reproductiva”, se articulaba en cuatro capítulos.

La sociedad admitió una Ley que funciona y resuelve problemas, acorde con la Constitución y la realidad social y masivamente aceptada según demuestran las encuestas. Más que una nueva y contraria redacción, lo que la sociedad precisa son políticas permanentes de salud sexual y reproductiva, medidas en el ámbito sanitario y educativo, así como la prevista elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como instrumento de colaboración de las distintas administraciones públicas para el adecuado desarrollo de las políticas públicas. La legislación aprobada en 2010 no sólo aborda la interrupción voluntaria del embarazo, a la que destina el último Título y el texto más reducido, sino que, principalmente, es una ley preventiva y educativa de la población. Es la clave legal para, a través de la formación, la prevención y la igualdad en el acceso a la anticoncepción impedir, precisa y principalmente, el embarazo no deseado.

El Gobierno apuesta por una peligrosa vuelta atrás que conducirá a la inseguridad jurídica, el peligro para la integridad física y, sobre todo, la falta de respeto legal para la capacidad de la mujer de decidir sobre sí misma. El tajante y arcaico retroceso de un derecho esencial para la mujer puede convertirse, aparte de en una gran y alarmante regresión en las avances sociales, en un deterioro sanitario de primer orden. España ya llegó tarde (1978) a la anticoncepción. Ahora, con la nueva ley se hará más patente la inequidad económica y la desigualdad entre regiones separando a las mujeres que siempre podrán costearse un IVE con seguridad sanitaria de las que habrán de buscar otros medios; pondrá en cuestión que no se valoren y apliquen detalles de la actual legislación como la educación sexual y el acceso a la anticoncepción y quién sabe si no abocará a miles de mujeres a recurrir a la clandestinidad, que tan gravísimos efectos nocivos provoca, o a iniciar una penosa búsqueda de soluciones en otros países.

Además, España, sin que la sociedad lo demande, aplica un recorte social que la aleja de los marcos jurídicos que prevalecen en el resto de la Unión Europea. En materia de anticoncepción y restricciones quedaremos en la misma situación que otros países muy restrictivos como Irlanda, Polonia o Malta y los avances conquistados, durante la Transición, por los colectivos de españolas, quedarán en un oasis de progreso y derecho que ahora se vuelve a traducir en un grave problema jurídico y de salud que creíamos haber superado. El aborto se combate desde la educación afectivo-sexual en la infancia y no desde la intolerancia y el castigo. De un plumazo legislativo se pierden derechos conquistados 30 años atrás y castigamos sobre todo a las mujeres en lugar de ofrecerlas apoyo, ayuda y un trato de igualdad.

La Sociedad Española de Contracepción buscará el consenso de la Comunidad  Científica para oponerse desde la ciencia, la divulgación y de los conocimientos, la razón, la evidencia, y la normativa comparada, a semejante despropósito, de estricta motivación ideológica.

Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC)